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viernes, 20 de agosto de 2010

Gobierno no podrá ocultar tanta violencia callando al mensajero

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NATACHA ALDANA CNP 17.842.

“Es imposible negar el alto índice delictivo en Venezuela”, afirmó Jesús Segovia

Es inconstitucional la medida del Tribunal 12 de Control de Caracas, porque según el artículo 337 de la Carta Magna, ni siquiera en “estados de excepción” debe restringirse la garantía del derecho a la información, alegó Jesús Segovia, secretario general del CNP Seccional Trujillo.

La decisión del Tribunal 12 de Control de Caracas de prohibirle al diario El Nacional y demás medios impresos del país que publiquen fotografías e información sobre cadáveres y otras víctimas de hechos violentos es un intento infructuoso de ocultar la realidad apelando a la censura.

Apreciación de Jesús Segovia, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Trujillo, según quien, es un vano intento de negar lo evidente, que Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina, incluso con cifras superiores a Colombia y México, lo cual obliga a las autoridades competentes a actuar para bajar el índice delictivo, pero no lo conseguirán censurando a los medios de comunicación social ni negándole a los periodistas y reporteros gráficos el acceso a las morgues en busca de datos e imágenes que complementen la noticia.

La libertad de expresión, el acceso a la fuente informativa y el derecho a informar aparecen consagrados en la Constitución Nacional y la Ley de Ejercicio del Periodismo -recordó-, de modo que, desacatar tales principios es violentar la legislación venezolana.
“No negamos el principio de responsabilidad social y ética de los medios impresos, audiovisuales y radioeléctricos, y por supuesto de los comunicadores sociales; pero ello también lo regula la ley, sin que exista censura previa”, señaló Segovia.
Considera que la censura es la negación del periodismo y la autocensura es la negación del periodista, por esa razón la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Trujillo, rechaza la medida contra los medios impresos que regirá por un mes, desde el 17 de agosto hasta el 17 de septiembre, bajo el alegato de proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes por el supuesto terror psicológico que las imágenes de violencia puede ocasionar en ellos.
Cada vez que difunden noticias de sucesos y de otras fuentes, salvo contadas excepciones -argumentó Jesús Segovia-, los periodistas respetan los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin maquillaje
“Tampoco avalamos el amarillismo ni el sensacionalismo, pero en materia de sucesos existen situaciones donde, por mayor cuidado que tengan los periodistas y reporteros gráficos, la crudeza del caso reseñado siempre impacta a la sociedad, y no es por culpa de los comunicadores sociales, sino que los hechos no pueden maquillarse y es imposible negar lo evidente”, refirió el Secretario General del CNP Trujillo.
El Ejecutivo Nacional, a veces de manera directa y en otras ocasiones por intermedio de tribunales, pretende que los medios de difusión no ligados al régimen copien el formato de los medios afectos al oficialismo o estrictamente públicos -explicó-; caso de Venezolana de Televisión, Tves, Radio Nacional de Venezuela y el Diario Vea, en cuyos espacios y páginas no reportan nada que contraríe la política informativa gubernamental.
Y no es así, Venezuela no es el país de las maravillas ni la isla de la fantasía como quieren hacer creer los medios de comunicación social públicos o aliados al oficialismo, aseveró Segovia.

Es inútil tratar de matar al mensajero o prohibirle que hable y escriba -insistió-, lo que debe hacer el Gobierno Nacional es aplicar políticas serias que disminuyan el altísimo índice delictivo que día tras día, especialmente los fines de semana, enluta cientos de hogares y abarrota de cadáveres las morgues de Venezuela, incluida esa cuya fotografía El Nacional publicó en primera página el viernes 13 de agosto.
Jesús Segovia aseguró que ni siquiera en los “estados de excepción”, tal cual reza el artículo 337 de la Carta Magna, puede restringirse la garantía del derecho a la información consagrada en ese texto legal, por lo tanto es inconstitucional la medida del Tribunal 12 de Control de Caracas.

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