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| Abogada Adriana Láner |
***El
26 de octubre del año 2015 fueron despedidos injustificadamente 26 trabajadores
dependientes de la obra de construcción de 680 apartamentos denominada conjunto
residencial Boconó 2, que adelanta la Inmobiliaria Nacional en el sector parte
baja de Miticún y parte alta de Café el Momoy.
Yosmar Fernández Villegas CNP 19.899 / Twitter:
@yosmarfvillegas
La abogada Adriana Láner quien lleva el caso de los
26 trabajadores despedidos, explicó que fue solicitado un reenganche tal y como
lo exige el artículo 425 de la ley orgánica del Trabajo, la cual prueba que
debe ejecutarse el reenganche en caso de irregularidades en los que se
menoscabe el beneficio de los trabajadores.
El respectivo reenganche era esperado en el mes de
diciembre, sin embargo no pudo lograrse porque para el momento no se presentó
quien según Láner se identificó como el representante de la empresa, el Gerente
Técnico Arquitecto José Orlando Ramírez Dávila. Para la presente fecha esperan
la reincorporación del subinspector e inspector de trabajo en el estado
Trujillo, a sus labores luego del descanso propio de la navidad y fin de año,
con la intención de proceder al próximo paso e intentar el reenganche en el
presente mes.
Prueba
desvirtuada
La abogada Adriana Láner detalló “solicitamos el
procedimiento de reenganche ya que fueron despedidos injustificadamente y las
providencias resultaron con lugar a los trabajadores; no existe ningún
argumento válido pues se alegó en un principio que hay un presunto
subcontratista según el contrato incorporado como prueba por ellos, que
escasamente tenía un mes de trabajo, prueba que se argumentó y desvirtuó
totalmente porque los 26 trabajadores son anteriores a éste contrato y porque
además no cumple tampoco con las condiciones que debería prever la ley de
contrataciones públicas, por lo menos con los mínimos requisitos legales, ya
que estamos hablando del patrimonio del estado que no es cualquier cosa. Estoy
defendiendo el caso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales
que correspondan”.
Así lo argumentó la abogada, quien además agregó que
durante el lapso de trabajo dentro de la empresa del estado Inmobiliaria
Nacional, los trabajadores despedidos también fueron víctimas de deterioro en
sus beneficios en forma ilegal e injustificada, pues según sus declaraciones no
son beneficiarios de los apartamentos, no es autoconstrucción, no les daban
vacaciones, ni siquiera el salario legal correspondiente, ningún beneficio de
contratación colectiva, ninguno de los trabajadores está afiliado a ninguna
organización sindical a pesar de que es su derecho constitucional, y además
argumentó que cumplían con su trabajo y que no les dotaban con botas de
seguridad ni otro implemento necesario para su seguridad personal, durante las
labores de construcción; razón por la cual exigirán sea cumplida la providencia
laboral que permite le sean cancelados los salarios caídos, los beneficios
legales que dejaron de percibir y la adecuación de esos salarios.
Por su parte el representante de la central
socialista de trabajadores José Castellano opinó “me parece que es injusto,
nada de lo que hicieron con estos trabajadores se adapta a lo que dice la ley
orgánica de trabajo y la convención colectiva, se les están atropellando los
beneficios a los trabajadores del sector construcción, además de todo lo que se
ha mencionado trabajan sin agua potable, sin seguro social, sin recibos de
pago, porque subcontratan una sola persona y esa persona le paga lo que quiere
a los trabajadores y ellos lo han manifestado, además no tienen comedor, baño,
ni implementos de seguridad y me parece bastante injusto”.
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| José Castellanos |
Odisea
para lograr la denuncia
José Castellanos relató la experiencia vivida para
lograr que les recibieran la solicitud de reenganche a su juicio por tratarse
de una empresa del estado “Acudimos a la sub-inspectoría del municipio Boconó
como ente conciliatorio y se negaron a recibir los trabajadores cuando fuimos
por primera vez y no es el deber ser, porque es una empresa del estado, luego
fuimos a la defensoría del pueblo en Trujillo donde fuimos bien atendidos por
un Doctor que hizo contacto con la inspectora de trabajo a nivel del estado,
pero esta se molestó y amenazó inclusive con levantar un memorando al defensor
del pueblo por haber hecho el contacto. Después fuimos a la inspectoría de
trabajo de Trujillo y pudimos hacer contacto con la inspectora en jefe Dra. Tamara
Rivero, quien se mostró molesta porque a su juicio no era la manera de abordar
su oficina, nos mantuvimos allí hasta las 8 y 30 de la noche y así se logró que
recibieran la denuncia donde se solicitó el reenganche”.
Consideran que el representante de la obra está
obrando de “mala fe”, al no presentarse para ejecutar el renganche,
procedimiento que ha sido difícil de lograr por tratarse de una empresa del
estado, con lo cual queda claro que “lo que es bueno para el pavo, no es bueno
para la pava”, porque el gobierno exige a las empresas privadas cumplir con sus
trabajadores, pero no cumple con los que le pertenecen. Las acciones tomaran
los rumbos legales que se puedan alcanzar, esperando no tener que llegar a
consecuencias extremas por acciones, que permitan lograr el cumplimiento de la justicia
social.
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