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viernes, 8 de enero de 2016

26 trabajadores públicos despedidos injustificadamente esperan reenganche

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Abogada Adriana Láner
***El 26 de octubre del año 2015 fueron despedidos injustificadamente 26 trabajadores dependientes de la obra de construcción de 680 apartamentos denominada conjunto residencial Boconó 2, que adelanta la Inmobiliaria Nacional en el sector parte baja de Miticún y parte alta de Café el Momoy.

Yosmar Fernández Villegas CNP 19.899 / Twitter: @yosmarfvillegas

La abogada Adriana Láner quien lleva el caso de los 26 trabajadores despedidos, explicó que fue solicitado un reenganche tal y como lo exige el artículo 425 de la ley orgánica del Trabajo, la cual prueba que debe ejecutarse el reenganche en caso de irregularidades en los que se menoscabe el beneficio de los trabajadores.

El respectivo reenganche era esperado en el mes de diciembre, sin embargo no pudo lograrse porque para el momento no se presentó quien según Láner se identificó como el representante de la empresa, el Gerente Técnico Arquitecto José Orlando Ramírez Dávila. Para la presente fecha esperan la reincorporación del subinspector e inspector de trabajo en el estado Trujillo, a sus labores luego del descanso propio de la navidad y fin de año, con la intención de proceder al próximo paso e intentar el reenganche en el presente mes.

Prueba desvirtuada
La abogada Adriana Láner detalló “solicitamos el procedimiento de reenganche ya que fueron despedidos injustificadamente y las providencias resultaron con lugar a los trabajadores; no existe ningún argumento válido pues se alegó en un principio que hay un presunto subcontratista según el contrato incorporado como prueba por ellos, que escasamente tenía un mes de trabajo, prueba que se argumentó y desvirtuó totalmente porque los 26 trabajadores son anteriores a éste contrato y porque además no cumple tampoco con las condiciones que debería prever la ley de contrataciones públicas, por lo menos con los mínimos requisitos legales, ya que estamos hablando del patrimonio del estado que no es cualquier cosa. Estoy defendiendo el caso y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales que correspondan”.

Así lo argumentó la abogada, quien además agregó que durante el lapso de trabajo dentro de la empresa del estado Inmobiliaria Nacional, los trabajadores despedidos también fueron víctimas de deterioro en sus beneficios en forma ilegal e injustificada, pues según sus declaraciones no son beneficiarios de los apartamentos, no es autoconstrucción, no les daban vacaciones, ni siquiera el salario legal correspondiente, ningún beneficio de contratación colectiva, ninguno de los trabajadores está afiliado a ninguna organización sindical a pesar de que es su derecho constitucional, y además argumentó que cumplían con su trabajo y que no les dotaban con botas de seguridad ni otro implemento necesario para su seguridad personal, durante las labores de construcción; razón por la cual exigirán sea cumplida la providencia laboral que permite le sean cancelados los salarios caídos, los beneficios legales que dejaron de percibir y la adecuación de esos salarios.

Por su parte el representante de la central socialista de trabajadores José Castellano opinó “me parece que es injusto, nada de lo que hicieron con estos trabajadores se adapta a lo que dice la ley orgánica de trabajo y la convención colectiva, se les están atropellando los beneficios a los trabajadores del sector construcción, además de todo lo que se ha mencionado trabajan sin agua potable, sin seguro social, sin recibos de pago, porque subcontratan una sola persona y esa persona le paga lo que quiere a los trabajadores y ellos lo han manifestado, además no tienen comedor, baño, ni implementos de seguridad y me parece bastante injusto”.

José Castellanos
Odisea para lograr la denuncia
José Castellanos relató la experiencia vivida para lograr que les recibieran la solicitud de reenganche a su juicio por tratarse de una empresa del estado “Acudimos a la sub-inspectoría del municipio Boconó como ente conciliatorio y se negaron a recibir los trabajadores cuando fuimos por primera vez y no es el deber ser, porque es una empresa del estado, luego fuimos a la defensoría del pueblo en Trujillo donde fuimos bien atendidos por un Doctor que hizo contacto con la inspectora de trabajo a nivel del estado, pero esta se molestó y amenazó inclusive con levantar un memorando al defensor del pueblo por haber hecho el contacto. Después fuimos a la inspectoría de trabajo de Trujillo y pudimos hacer contacto con la inspectora en jefe Dra. Tamara Rivero, quien se mostró molesta porque a su juicio no era la manera de abordar su oficina, nos mantuvimos allí hasta las 8 y 30 de la noche y así se logró que recibieran la denuncia donde se solicitó el reenganche”.


Consideran que el representante de la obra está obrando de “mala fe”, al no presentarse para ejecutar el renganche, procedimiento que ha sido difícil de lograr por tratarse de una empresa del estado, con lo cual queda claro que “lo que es bueno para el pavo, no es bueno para la pava”, porque el gobierno exige a las empresas privadas cumplir con sus trabajadores, pero no cumple con los que le pertenecen. Las acciones tomaran los rumbos legales que se puedan alcanzar, esperando no tener que llegar a consecuencias extremas por acciones, que permitan lograr el cumplimiento de la justicia social.

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